Editorial.- Que Keiko Fujimori saliera a anunciar ayer el “paso al costado” solicitado por Joaquín Ramírez a la secretaría general de Fuerza Popular no ha sido una iniciativa feliz. El escándalo mediático de conocer que hay investigaciones presuntamente en curso al congresista cajamarquino, impulsadas por la DEA, la agencia estadounidense antidrogas, hizo insuficientes las explicaciones de aquel dadas hace dos días.
Fuerza Popular ha tenido que evaluar el impacto sobre la candidatura de Keiko Fujimori que significaría mantener en el cargo al financista de la campaña presidencial.
La opinión pública ha arqueado la ceja al conocer que este congresista, de discreta actuación y baja producción legislativa, tiene dos departamentos en Miami que no aparecen en su declaración jurada. Pero también porque la DEA investiga a un tío suyo, como lo ha demostrado un portal de investigación periodística. Sin duda, las bases del reportaje de la televisión estadounidense que lo acusa son muy débiles.
Sin embargo, la estrategia de apartarlo del cargo a Ramírez ha sido conversada para que Keiko no sufra el impacto de la denuncia en su candidatura. Hay que esperar ahora el fin de semana donde se debería escuchar la versión periodística confirmatoria del canal de TV americano que lo denuncia. No obstante ello, a la gente eso no le interesará mucho.
Lo cierto es que la reacción de Fuerza Popular aparece ahora como tardía y falta de ref lejos. A Keiko se le pidió que apartara a Ramírez, no lo hizo y hoy tratan de disfrazar como renuncia a pedido propio lo que es una medida socorrida y urgente
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