Sentenciados por corrupción no volverán a trabajar en el Estado

En conferencia de prensa, la minis­tra de Justicia, Marisol Pérez Tello, anunció que el Eje­

cutivo aprobó varios de­cretos en materia de lucha anticorrupción, en el mar­co de las facultades dele­gadas por el Congreso.

Una de estas medidas es la ampliación de la ley de ‘muerte civil’ orientada a garantizar que las perso­nas sentenciadas por co­rrupción no trabajen en el Estado.

Según explicó, había una preocupación por la situa­ción de aquellos funciona­rios corruptos que laboran actualmente en el Estado por lo que se procedió a modificar la norma.

“Hemos corregido esa norma con una medida ad­ministrativa laboral para que no puedan trabajar en el Estado personas sen­tenciadas por delitos de corrupción y para que se pueda despedir a una per­sona sentenciada por co­rrupción, aunque el hecho lo haya cometido hace 5 años”, indicó.

También se aprobó un pa­quete de medidas vincula­das a la Unidad de Inteligen­cia Financiera (UIF) en aras de perseguir y combatir el delito de lavado de activos.

“La próxima semana ter­minaremos de aprobar el paquete de medidas, que en su total incorpora más del 30% de las 100 reco­mendaciones planteadas por la Comisión Presiden­cial de Integridad”, con­cluyó Pérez Tello.

 CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN

 El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, propuso la obligatoriedad de colocar una cláusula anticorrupción en todos los contratos que celebra el Estado, cuyo incumplimiento resuelva de manera inmediata los compromisos asumidos por las partes sin sentencia previa.