Luego de que el Poder Ejecutivo aprobara la Muerte Civil para los funcionarios corruptos, la Defensoría del Pueblo de Huánuco, señaló que existen casos de corrupción sistemáticos que van desde los ciudadanos y comprometen a autoridades. Pier Marzo Rodríguez, jefe regional de la defensoría, manifestó que el nivel de corrupción es intermedio por irregularidades en obras públicas y sistema de contrataciones.
Piden a la población que denuncien a las autoridades corruptas y no permitan que vuelvan a delinquir. “El ciudadano tiene que informar y ubicar la cabeza del sistema, falta concientizar, porque estamos creando una cadena de corrupción desde los más jóvenes”, sostuvo.
Esta nueva implementación señala que el marco mínimo de pena para autoridades corruptas sería de 2 años y máximo de 20 de años de inhabilitación principal para los crímenes cometidos contra funcionarios. Delitos como colusión, cobro indebido, peculado de uso, doloso, culposo y demás comprendidos en el capítulo de penas por delitos contra la administración pública.
Estas serán susceptibles de inhabilitación perpetua cuando sea contra el patrimonio del Estado, como integrante de una organización y contra programas asistenciales. La comisión que se creará tiene que estar alerta al sistema judicial, cuando implica delitos con dinero, tienen que hacer un reembolso de lo hurtado destinado para servir a los peruanos, manifestó.
Anuncio. El Ejecutivo anunció la creación de un registro de personas inhabilitadas a nivel nacional por casos de corrupción.
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